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El Grupo de Investigación en Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de León desarrolla diferentes líneas de investigación, vinculadas todas ellas a cuestiones relacionadas con la fiscalidad y el presupuesto público, de gran relevancia práctica.

Entre las investigaciones principales que se desarrollan en el seno de este grupo destaca la referente a la prescripción tributaria. Particularmente, una de las investigadoras de este Grupo, Marta González Aparicio, en la actualidad realiza su tesis doctoral sobre este tema, bajo la dirección de la Doctora María Teresa Mata Sierra. La investigación fruto de este trabajo se presentará próximamente.

La utilidad práctica de este estudio es muy elevada, pues la prescripción tributaria es una figura esencial en nuestro ordenamiento jurídico. El mecanismo de funcionamiento de esta institución es muy sencillo: si transcurre el plazo de tiempo que marca la Ley, -que en la actualidad es de cuatro años-, sin que ni la Administración, ni el contribuyente, realicen ninguna actividad relacionada con el tributo de que se trate, los derechos de la Administración, o del contribuyente, relacionados con tal tributo, se extinguen. Por ejemplo, en el IRPF, el plazo de prescripción de la liquidación del ejercicio 2018 se inició el 2 de julio de 2019, con lo que, si no se interrumpe, finalizará el 2 de julio de 2023. Si un contribuyente, imaginemos, olvidó presentar su declaración de la renta, o lo hizo erróneamente, la Administración dispone de ese plazo para reclamarle el cumplimiento de sus obligaciones. También a la inversa, pues si en la declaración presentada, por ejemplo, el contribuyente ha pagado más de lo que le correspondía, también dispone del mismo plazo de cuatro años para solicitar la devolución de lo indebidamente pagado.


Los ejemplos expuestos ponen de manifiesto la importancia de esta figura como garantía del principio de seguridad jurídica, que es un valor esencial en nuestro ordenamiento y que, en definitiva, supone que todos los operadores jurídicos –contribuyente y Administración en este caso-, sepan cuáles son las reglas del juego. Sin embargo, a pesar de la aparente sencillez de su mecanismo de funcionamiento, en la práctica son muchas las cuestiones aún por resolver. Éstas se derivan de que las normas que rigen la prescripción tributaria son generales y deben ser aplicadas, por igual, en los distintos tributos. Cada uno de ellos tiene un carácter y una regulación particular y diferente del resto, con lo que esa labor de adaptación no es sencilla. Esta dificultad ha sido abordada por la Administración tributaria y por los Tribunales que, en los últimos años, han emitido muchos pronunciamientos tratando de dar respuesta a las múltiples cuestiones surgidas en este sentido. Sin embargo, estos pronunciamientos, en muchos casos, son contradictorios, lo que origina en el contribuyente una gran inseguridad jurídica, ya que desconoce cuáles van a ser las consecuencias legales de sus actos y, particularmente, en qué momento se inicia y finaliza el plazo de prescripción y qué actuaciones interrumpen tal plazo.

De aclarar todas estas cuestiones se ocupa la investigación desarrollada por este Grupo, ofreciendo una interpretación de las normas reguladoras del plazo de prescripción acorde al principio de seguridad jurídica, que, de esta forma, garantice la certidumbre de los contribuyentes en sus relaciones con la Administración.