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Un estudio exploratorio de la Universidad de León, en el que han participado 3.442 familias y estudiantes, muestra que mientras sigan los efectos de la crisis del coronavirus  se quiere un retorno a las clases con más profesorado y menos alumnado por aula para poder hacer una enseñanza más personalizada y atender a la diversidad, respetando la distancia social, pero recuperando la cercanía personal y la convivencia emocional.

Esta investigación, titulada ‘Educar y evaluar en tiempo de coronavirus’, ha sido dirigida por el profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de León, Enrique Javier Díez Gutiérrez, y coordinada por la profesora de la Universidad de Santiago de Chile, Katherine Gajardo, y en ella se analiza cómo vieron las familias y los estudiantes el final del curso 2019-20, marcado por un largo periodo de confinamiento por la pandemia en España, y cómo ven el inicio del nuevo curso escolar 2020/2021.

Los participantes del estudio contestaron a una encuesta transversal donde, entre otros aspectos, se les preguntaba sobre las políticas educativas más adecuadas para finalizar y evaluar el curso escolar y para empezar el siguiente en el periodo post-coronavirus. Los resultados parciales indican niveles de acuerdo favorables con el diseño de planes de recuperación y adaptación del currículum para todo el alumnado (85% de la muestra); el inicio del curso con actividades dedicadas a abordar pedagógica y emocionalmente la situación vivida (89% de la muestra), y la mayor presencia de profesorado con menos alumnado en aula como medida de resguardo del aprendizaje (91% de la muestra).

Frente a la inicial intención del Ministerio de Educación y de las Comunidades Autónomas de un sistema mixto que combine la escolaridad presencial con la ‘online’, la comunidad educativa reclama más recursos. “Esta crisis sí puede ser una oportunidad, -afirman los investigadores-, si se decide, por fin, destinar los recursos públicos al bien común y abandonar de una vez el relato neoliberal de que educar es acumular conocimientos enciclopédicos, alentar la competitividad, el esfuerzo individual y el éxito de los emprendedores”.

“Se trataría, -explican-, de una oportunidad para destinar recursos públicos más que suficientes a una docencia presencial continuada y no intermitente, con una ratio reducida, es decir, lo que siempre debería haber sido para poder desarrollar una educación personalizada, atenta al desarrollo de cada estudiante, con retroalimentación constante y donde se puede atender a la diversidad de una forma realmente inclusiva, prestando las medidas individualizadas necesarias nada más detectar las posibles dificultades de cada alumno o alumna”.

Los resultados del estudio muestran que el 76% de todas las personas encuestadas se manifestaron claramente partidarias de que sus impuestos vayan destinados a reducir el número de alumnado por aula y, por lo tanto, a duplicar los grupos de estudiantes, el profesorado y los espacios escolares (aulas, pasillos, zonas comunes…).

En su opinión,  “obligar a hacer la mitad del curso escolar en casa no solo supone dificultar la conciliación de las familias con su vida laboral, sino la tensión de convertir a las familias en tutores y orientadores escolares, sin tener formación ni recursos para ello. Y perpetuar la brecha digital que se suma a la brecha social en aquellas familias con más dificultades”.

“Necesitamos políticas educativas, -explican Enrique Javier Díez y Katherine Gajardo-, que apuesten por plasmar presupuestariamente la viabilidad real de la educación inclusiva que [los políticos] proclaman en los discursos. Esto pasa por destinar en España al menos el 7% del PIB a la educación pública e inclusiva, como llevan haciendo tanto tiempo los países más avanzados educativamente. Invirtiendo en profesorado, en espacios acondicionados para ello, en grupos pequeños como se prometió con el Plan Bolonia, en atención personalizada e inclusiva y, en definitiva, en futuro, como la comunidad educativa lleva reclamando durante años, para que nadie quede atrás”. en todas las etapas educativas, incluyendo la Universidad como se prometió con el Plan Bolonia, en atención personalizada e inclusiva y, en definitiva, en futuro, como la comunidad educativa lleva reclamando durante años, para que nadie quede atrás”.

La conclusión final se puede resumir en que no se puede “seguir priorizando las razones económicas en vez de las educativas. Un plan de reconstrucción de este país necesita cambiar radicalmente de prioridades. Y la educación es el futuro de un país. No solo el presente, sino sobre todo el futuro.